Ciudad de México.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dejó en vilo la resolución del litigio del Gobierno de Nuevo León contra la deuda del crédito fiscal de 6 mil 292 millones de pesos, fincado por el SAT por no entregar al Gobierno federal retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR).
Por ocho votos contra dos, la Sala Superior del TFJA desechó este lunes un proyecto del magistrado Julián Olivas, que anulaba de manera lisa y llana el crédito fiscal.
Ante el desechamiento, Olivas tendrá que presentar un nuevo proyecto, en el que aún podría dar la razón a Nuevo León, pero con base en argumentos que no fueron estudiados en esta propuesta inicial.
El nuevo proyecto podría proponer, de nueva cuenta, la nulidad lisa y llana del crédito; una nulidad para efecto de que el SAT reponga el procedimiento de fiscalización, como plantearon tres magistrados, o limitarse a confirmar la legalidad de la deuda.
Cualquier fallo que dicte el TFJA será impugnable por ambas partes ante un tribunal colegiado de circuito.
No hay fecha para que se discuta de nuevo el caso, que ya había sido listado para sesión en diciembre y abril, y ha sido objeto de un intenso cabildeo personal por parte del gobernador Samuel García.
Olivas proponía anular el crédito porque el SAT emitió el acta final del procedimiento de fiscalización cuando todavía estaba pendiente un amparo promovido por Nuevo León para cuestionarlo.
El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación indica que los plazos para las visitas o revisiones del SAT se suspenderán cuando el contribuyente promueva algún medio de defensa.
Pero los magistrados Luz María Anaya, Rafael Anzures y el presidente, José Ramón Amieva, consideraron que no había obstáculo para que el SAT siguiera adelante con el procedimiento, pues el juez que llevaba el amparo negó a Nuevo León la suspensión de los actos y, eventualmente, el propio Gobierno estatal desistió de dicho amparo.
Los magistrados Rafael Estrada, Zulema Mosri y Eduardo Santillán, por su parte, propusieron dictar una nulidad para efectos, que permitiría al SAT reiniciar el procedimiento, pero esta idea tampoco tuvo mayoría.
Anaya destacó que, una vez descartado el argumento del artículo 46-A, se podrían estudiar otros planteados por Nuevo León en su demanda, que se refieren al fondo del asunto y podrían ser más benéficos si se declaran fundados.
Lo anterior, pues la violación al artículo 46-A es un tema de procedimiento, que no aclara si el estado realmente incurrió en la retención ilegal de ISR que le imputa el SAT.
En su conferencia de este lunes, cuestionada sobre el cabildeo del gobernador, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las partes tienen derecho de ir a hablar con los magistrados, pero que eso no debe influir en su decisión.
“Esperemos que la resolución venga así, con base en la ley y con los suficientes argumentos para decir si el SAT está en lo correcto o no. Entonces eso es lo que le pedimos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, dijo Sheinbaum.
Advierten morenistas de juicio político contra Samuel García
A principios de este mes, AM publicó que tras afirmar que nadie puede escudarse detrás del privilegio del fuero, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, urgió a la Fiscalía y al Congreso de Nuevo León, en donde hay solicitudes de juicio político a Samuel García, a investigar a fondo las acusaciones contra el Gobernador emecista.
“Las acusaciones contra Samuel García han destapado la posibilidad de un juicio político, lo que podría desembocar en su desafuero y eventual destitución del cargo, además de algunos procesos penales en su contra”, señaló Ramírez Cuéllar.
Además recordó que la FGR también podría citar a declarar al Mandatario local ante los posibles casos de delitos federales, como lavado de dinero y facturación falsa.
“Es indispensable utilizar todas las capacidades institucionales para actuar contra este tipo de delitos, especialmente si políticos de alto nivel o empresarios se encuentran implicados. Aquellos que juraron respetar la Constitución y las leyes deben enfrentar todo el peso de la ley en caso de que se compruebe su participación en actos de corrupción”, dijo.
Reforma publicó que un supuesto empresario señalado por autoridades federales de ser parte de la red “Los Petrofactureros” -integrada por 40 negocios relacionados con el huachicol-, aparece como cliente de “servicios profesionales” de uno de los despachos del padre de Samuel García.
El detenido es Jesús Ricardo Puente, que pagó 15 millones de pesos al despacho GMA Firma Jurídica Fiscal, propiedad del papá y medio hermano del Gobernador Samuel García.
También el senador morenista Waldo Fernández y la vocería del PAN urgieron a la FGR a que investigue el caso.
“Lo pertinente es saber si el Gobernador tiene participación en el despacho y señalar si tiene responsabilidad en este asunto y decir si están vinculados o no”, dijo Fernández.