León.- En lo que va de 2026 se han presentado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 75 quejas contra policías de las FSPE, las cuales derivaron en 4 recomendaciones, donde se acreditó alguna responsabilidad.
De estas, solo una, la 1419/2023-C, ha sido cumplida, otras tres (0138/2024-B, 0207/2023-A, y 1520/2023-B) están en vías de cumplimiento.
Pero un año antes, en 2025, fueron 51 quejas contra elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), y no se emitió ninguna recomendación.
Pero cuando esto ocurre, cuando se emite una recomendación, el documento se dirige al superior inmediato de los agentes involucrados, pero la responsabilidad se asigna únicamente a los elementos que intervinieron en el incidente.
Así lo informó la titular de la Prodheg, Karla Alcaraz Olvera, quien aseguró en entrevista que todas las recomendaciones que se dirigen a esa institución, gestionada por la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP), son aceptadas.
“Hay recomendaciones que por su misma naturaleza, requieren más tiempo para el cumplimiento de la recomendación misma, porque en algunas ocasiones se solicita compensación económica o el inicio de algún procedimiento disciplinario, también capacitación tanto para los elementos que fueron señalados en la queja como en algunas otras ocasiones para nuevos elementos que estén ingresando”, explicó.
La Procuradora reconoció que como hay gran rotación de personal en los cuerpos de seguridad, las capacitaciones tienen que ser constantes.
Agregó que aunque algunas recomendaciones que emite esa institución señala la necesidad de capacitación para todos los integrantes de las FSPE, “el compromiso de capacitarse, de estar siempre atento a las recomendaciones que nosotros hacemos, pues también debe de generarse de parte de los cuerpos directivos”.
“Ellos también tienen que tener esa conciencia de estarse capacitando y de estar permeando esta cultura de respeto de derechos humanos a toda su corporación y que ellos también sean respetuosos” de dicha cultura.
Una reportera insistió en si hay una nueva política en la Prodheg para no elevan sus recomendaciones al titular o ampliar la recomendación a la cadena de mando.
“No, no se dirigen a elementos rasos, esto nunca ha sucedido porque la misma ley así lo prevé. Es para el superior inmediato de la persona que fue señalada, que se hizo la investigación y que se determinó que incurrió en una violación a derechos humanos”.
“(…) si es que en la cadena de mando está demostrado que él fue, es decir, y estoy poniendo un ejemplo hipotético, que esa persona superior inmediata hubiera sido quien intervino en estos hechos o dio la orden, es decir, atendiendo a la cadena de mando, pudiera determinarse una responsabilidad en ese sentido”.
La Ombudsperson advirtió que la Prodheg no determina las responsabilidades administrativas, sino que recomienda al superior inmediato inicie un procedimiento disciplinario, de investigación y este define el tipo de sanción.
También aseguró que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas quien da la estimación de las reparaciones del daño, incluyendo compensaciones económicas, en caso de haberlas.
Señalan a los FPSE
A pregunta expresa, explicó que las 75 quejas iniciadas contra agentes de FSPE han sido por detenciones arbitrarias, violaciones a la integridad física de las personas, e incluso, privación de la vida, es el caso reciente en San Felipe.
Aunque Alcaraz Olvera no abundó en las denuncias, este incidente ocurrió el pasado 30 de septiembre, después de que la SSyP informa de un presunto enfrentamiento armado entre policías de FSPE y dos personas en motocicleta en el entronque a la comunidad de Rincón de Ortega, en la carretera San Felipe-Silao.
Ahí, un hombre perdió la vida y otro, según SSyP, habría escapado. Sin embargo, la familia del fallecido, identificado como Iván López Hernández, afirma que el joven no iba armado ni era delincuente. En seguimiento a estas declaraciones, la Prodheg inició una queja de oficio, la 1355/2026, que luego ratificaron familiares de Iván.
Menos de un mes después, se abrió otra queja en San Felipe, también de oficio, la 1436/2026, vinculada al caso de Habraam Rodríguez Servín, un joven empleado de una tienda que fue privado de su libertad y encontrado horas después gravemente golpeado.
Testigos habrían señalado a agentes estatales por la agresión, sin embargo, las FSPE / SSyP deslindaron a sus elementos de este caso, afirman que fueron otras personas, particulares.
Ambos casos, dijo la Procuradora, se están investigando, aunque la Fiscalía General del Estado está realizando su propia investigación, de tipo penal.
Patrón de rezago se repite en los municipios
Karla Alcaraz comentó que en lo que va del 2026 se han iniciado 74 quejas en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC) de León, y se han emitido 13 recomendaciones. Todas fueron aceptadas, dijo, aunque algunas están pendientes de cumplimiento, por la fecha en que fueron emitidas.
Reconoció que León está en primer lugar en este tipo de recomendaciones, seguido de Celaya, San Miguel de Allende e Irapuato.
Se le preguntó a la Procuradora sobre uno de los casos más visibles: el exdirector operativo de la Policía Municipal, Óscar Mario Nava Quevedo.
El viernes 2 de octubre se filtró un video en redes sociales, donde presuntamente se observa a Nava Quevedo agredir a una mujer dentro de una casa en la colonia Cerrito Amarillo, en el polígono de Las Joyas.
Ese día, el Secretario de Seguridad, Jorge Guillén Rico, informó que derivado del video el comandante fue suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación correspondiente.
Posteriormente, Francisca Gabriela, expresidenta de colonos de San Juan Bosco y delegada del tianguis de los domingos, de la misma colonia, denunció que junto con su hermano, fueron detenidos por Policías Municipales y agredidos físicamente, y también culpó a Nava Quevedo de acusarla por cobro de piso y de que durante la detención de ella, su hermano y otro hombre que dijo no conocer, fueron golpeados con brutalidad.
Ambos casos, dijo la Procuradora, están en investigación, separadas. Dijo que, de parte de Prodheg, solamente se puede solicitar una separación del cargo cuando exista un riesgo para la persona denunciante por trabajar en el mismo lugar. En cualquier otro caso, no es posible. Caso contrario de la autoridad, quien sí puede tomar esta u otra medida.
Ese fue el caso de Iván López en San Felipe, aclaró la titular de Prodheg, donde la SSyP decidió asignar labores administrativas a los oficiales bajo investigación.
Sin embargo, Jorge Guillén aseguró que no hay una investigación por la segunda acusación y al contrario, se cuenta con pruebas que acreditan el presunto delito cometido por la denunciante.
“Hay exámenes médicos, todo el tema lo trae Fiscalía y el delito por el que yo menciono que fueron detenidos es ese (extorsión). Si vino ella a poner su denuncia, se tuvo que haber recibido de antemano en el Consejo de Honor y Justicia”.
El Secretario aclaró que Nava Quevedo no cuenta con antecedentes de posibles abusos de autoridad y la Policía Municipal seguirá trabajando los protocolos de atención a la ciudadanía, con el objetivo de que haya cada vez menos quejas y denuncias de la ciudadanía.
Aunque Jorge Guillén Rico, aseguró que de las 13, diez ya habían sido aceptadas y otras tres estaban en proceso por cumplirse.
Detalló que algunos policías fueron dados de baja y otros suspendidos, aunque no compartió el número de sanciones.
Respeto a la libertad de expresión
Karla Alcaraz comentó que recientes incidentes de agresiones de policías a periodistas e integrantes de medios de comunicación en los municipios de Dolores Hidalgo y Comonfort han provocado, además de quejas e investigaciones, la necesidad evidente de ir a estos municipios a brindar capacitación a dichos elementos.
Detalló que para ello la Prodheg está colaborando con el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, y se creó una capacitación en específico para atacar esta situación, petición a la que se sumó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
De momento, dijo la Ombudsperson, estos cursos se han aplicado en Dolores Hidalgo, Guanajuato, Silao y Moroleón, en visitas que comenzaron hace mes y medio.
Lo que importa es el contenido: Activista
Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, aseguró que no solo se tiene que analizar la eficacia o el seguimiento de las recomendaciones de la Prodheg, sino el contenido de las mismas y el alcance.
También pidió corregir la tardanza, de más de seis meses, que es el estándar que ha establecido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para emitir un resultado.
“Por ejemplo, en la recomendación 1612/2025 que acaban de emitir, en un caso de Policía Municipal de Irapuato (…) la cual tiene un alcance limitado, con dos puntos recomendatorios y uno es muy relativo, que es la capacitación de cuatro agentes operativos involucrados en los hechos y, opcionalmente, a una mayor cantidad de policías”.
El activista coincidió con Karla Alcaraz en que aunque la recomendación va dirigida al superior jerárquico, pero insistió en que los alcances son limitados en cuanto a la capacitación, por la misma rotación que la Ombudsman mencionó.
Por ello, pidió que se incluya en la recomendación la reparación del daño, tal como hace la CNDH, “incluyendo componentes de la Corte Interamericana que son restitución, rehabilitación, compensación, garantía y medidas de no repetición, sin embargo, la Procuraduría lo deja a discreción de la Comisión de Víctimas”, dejando abierta la posibilidad de disculpas privadas y ausencia de un plan de compensación o medidas de no repetición.
Excesos policiales en León
Una revisión de los expedientes públicos de las recomendaciones emitidas contra la SSPPC de León reveló que en las quejas contra los oficiales hay cuatro casos donde se involucra la fabricación de pretextos y falsedad de partes informativos, según el expediente 1217/2024, recomendación publicada el 13/abr/2026; expediente 1823/2024, del 24/jun/2026; expediente 0003/2024, del 29/jun/2026, y expediente 0096/2025, del 01/sep/2026.
En el primer caso (1217/2024,) se indica que la persona afectada circulaba en un vehículo junto con tres personas, cuando policías los detuvieron.
“Una oficial revisó el celular de un acompañante y observó la foto de una lona colocada en un puente con nombres de personas denunciadas por un colectivo feminista, motivo por el cual la arrestaron. Además, denunció que la mantuvieron dos horas retenida en la patrulla bajo la lluvia e insinuaron que la lona era una ‘narcomanta’”, declaró la víctima.
En la audiencia, la jueza cívica determinó la inexistencia de falta o delito, por lo que ordenó su liberación. Es decir, no había motivo para la detención.
Otro incidente reportado es la irrupción ilegal a domicilios privados, aparece en los expedientes 0254/2023, del 24/abr/2026 y 1267/2024, del 09/jun/2026.
El denunciante en el 0254/2023 explicó que, luego de la detención de su hijo preguntó a los policías el motivo, pero recibió insultos del uniformado.
“El afectado ingresó al domicilio de su madre, pero minutos después elementos armados se treparon al techo e irrumpieron en la vivienda. Mientras llamaba al 911 para pedir auxilio, le apuntaron con armas de fuego, le arrebataron el teléfono, lo sacaron por la fuerza del inmueble y lo presentaron ante el juez cívico reportando falsamente que la detención fue en la vía pública”.
AM