León.- Sapal debería revisar el costo de las tarifas de agua para la población en extractos sociales bajos y bajos extremos de la ciudad, donde la gente destina entre el 4 y 10% de sus ingresos mensuales para el pago del recibo cuando organismos internacionales como la ONU sugieren que no supere el 3%.
Es decir, se requieren tarifas diferenciadas para los diferentes niveles de ingreso de los habitantes de León.
Esta fue una de las conclusiones que académicos y especialistas del Observatorio Ciudadano de León presentaron como resultado de su diagnóstico “¿Para quién fluye el agua?”, donde se analizó el tipo de consumo y tipo de uso exclusivamente de agua potable en términos de ingresos en las cuatro zonas de distribución en el municipio.
El informe permitió dar con otros hallazgos, como que la creencia de que el consumo doméstico era el principal uso del agua potable en la ciudad es errónea, es el consumo industrial a donde Sapal (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León) está inyectando más recurso. También se confirmó que al menos 15 mil familias no tienen acceso al agua potable.
Esto, tras el análisis de información obtenida por Luis Ángel Chía y Victoria Rivera mediante solicitudes de transparencia a Sapal y a través de informes de Inegi y de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública (AMAI) el periodo 2019-2025.
Mayra Legaspi Tristán, directora ejecutiva del OCL, reconoció la apertura de Sapal y su fortaleza operativa y financiera.
“Pudimos generar una investigación que permite visualizar que quien tiene menos ingresos está gastando hasta el 9 o 10%, ahí, un promedio en cada una de las zona, porque cada zona tiene su particularidad, un promedio sería casi de 9.5%, eso representa que la gente está gastando su dinero en un consumo de agua, lo que resta, porque el agua es uno de los tantos gastos que tiene que asumir una familia, llámale movilidad, alimentación”, entre otras cosas.
En la presentación participó Daniel Tagle Zamora, profesor-investigador de la Universidad de Guanajuato, quien en una charla previa mencionó que las tarifas actuales en León están vulnerando el Derecho Humano al agua, pues al privilegiar la eficiencia económica y centrarse en las utilidades, no deja espacio para otros objetivos, como lo social.
De acuerdo a su percepción, a pesar de que Sapal es una exitosa empresa pública, lleva un comportamiento del tipo neoliberal, pues es manejada por empresarios, donde los usuarios no son tratados como lo que son, sino como clientes.
Daniel Tagle destacó que aunque en León hay un 97% con cobertura, la proporción de personas que no recibe agua potable en sus casas es enorme. También está el tema de la distribución a futuro, por lo que dijo que se tienen que crear estrategias para optimizar el recurso, sancionar a los derrochadores y cubrir a los vulnerables.
Destacó que en su momento se le apostó mucho al proyecto de la Presa El Zapotillo (que nos retornó cero inversión) y que ahora se cree que la Presa Solís será la solución, pero que esta búsqueda del agua “por fuera” nos ha traído problemas con los vecinos -Jalisco y ahora los municipios del Sur-. “De manera interna, ¿no tenemos la capacidad de gestionar el agua -de manera sustentable y social- por nosotros mismos?”.
Ya en entrevista, el investigador hizo notar el gran costo que les representa a la gente en zonas marginadas la contratación de pipas. Que en caso de Sapal, lo financiero no es problema, pero que le falta brindar a la ciudadanía la “apropiación social” de los proyectos.
Y que se requiere atender las partes altas de la ciudad, donde se deben aplicar estrategias de retención del agua.
Cambio de paradigma
El OCL, en un comunicado complementario, resumió que su investigación “contempla las fuentes de donde se obtiene el agua que utiliza el municipio (subterráneas y superficiales), así como, el consumo por tipo de uso (doméstico, comercial, mixto, beneficencia e industrial). En el caso del uso doméstico se hizo un análisis de estimación sobre cuánto destinan los diferentes estratos sociales al pago de su recibo de agua”.
Se destacó que este análisis se da en un contexto de agotamiento de los mantos acuíferos.
Uno de los problemas con los que se enfrentó el estudio, de acuerdo a Victoria Rivera, fue que no hay uniformidad en la identificación de las colonias.
“La homologación que tiene Sapal de las colonias es diferente a la que tiene Inegi, entonces, al momento de hacer esa comparación tuvimos ahí un obstáculo”.
El problema es más amplio, porque esta diferencia en categorización incluye a Sepomex -el Servicio Postal Mexicano-, eso agrega complejidad a las investigaciones.
Mayra Legaspi reconoció que, tras este informe, quedan abiertas muchas líneas de seguimiento, como medidas para disminuir el desperdicio de agua, la sustentabilidad, el aprovechamiento de Sierra de Lobos, la línea morada para distribución de agua tratada, e incluso, la democratización del Consejo Directivo de Sapal para que haya representación más plural, entre otras.
Dijo confiar en que la directiva de Sapal, con su capacidad administrativa, técnica y humana, considerará este cambio de paradigma.
AM solicitó una postura a Sapal sobre el informe del OCL y su planteamiento de cambio de tarifas, pero al cierre de edición no la había enviado.
AM