Celaya.- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, admitió que el Gobierno Municipal enfrenta pasivos superiores a los 100 millones de pesos por laudos laborales heredados de administraciones anteriores, aunque aseguró que no existen recursos suficientes para liquidarlos en su totalidad.
El Alcalde señaló que, pese a las limitaciones financieras, durante este año su administración ha cubierto cerca de 19 millones de pesos correspondientes a estos compromisos.
Nos dejaron laudos, las administraciones pasadas, por cerca de cien millones de pesos y muchos de estos ya están por vencer o ya se vencieron y estamos con ellos o lo estamos viendo, pero la mayoría son de trienios y trienios. Algunos los estamos pagando y otros no tenemos para pagarlos, son cien millones de pesos”, afirmó.
Juan Miguel Ramírez explicó que los pagos realizados han sido posibles gracias a los ahorros generados por la administración municipal, aunque reprochó que las autoridades anteriores no atendieran oportunamente los litigios laborales.
“Nosotros los estamos pagando y lo que hacemos es buscar los recursos y poco a poco los estamos solucionando porque pagamos más de cien millones de pesos de jubilaciones a los jubilados”, comentó.
Analizan acciones contra despachos jurídicos
El presidente municipal informó que su administración analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra algunos despachos jurídicos que representaban al Municipio en litigios laborales de administraciones anteriores, al considerar que pudieron existir irregularidades en la atención de los expedientes.
Ramírez Sánchez explicó que uno de los problemas detectados es que diversos despachos continuaron apareciendo como representantes legales en los procesos, por lo que las notificaciones judiciales seguían enviándose a ellos y no directamente al Gobierno Municipal.
Nosotros no sabemos si demandar o no, pero la gente que llevaba esos casos, que fueron contratados en distintos momentos, no cambiaron y a ellos les sigue llegando la información y no nos han mandado, y queremos ver cómo se soluciona. Hemos platicado con estos bufetes, que son celayenses, y solucionamos eso o demandamos porque no pueden tener registrados un caso que ya no están llevando”, señaló.
Finalmente, Ramírez Sánchez sostuvo que durante la actual administración prácticamente no se han generado nuevos casos de despidos injustificados.
Como ejemplo, mencionó que de aproximadamente 430 policías dados de baja (incluidos exelementos de la extinta Policía Federal) únicamente dos han promovido demandas laborales.
Intentan embargar presidencia
Las declaraciones del Alcalde se dan luego de que una actuaria del Tribunal Laboral acudió la semana pasada a la Presidencia Municipal para notificar un embargo derivado de un juicio laboral que el DIF Celaya perdió por el presunto despido injustificado de una extrabajadora.
Sin embargo, la diligencia no se concretó luego de que el Gobierno Municipal solicitó la abstención del embargo mientras se revisa la forma en que se cubrirá el pago.
El secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez, explicó que el litigio no corresponde a la actual administración, sino que fue iniciado en 2019 y que el laudo quedó firme desde enero de 2024.
“Es un laudo que ya está en firme. No hay realmente mucho que hacer; al final se tiene que pagar”, afirmó.
Daniel Nieto detalló que la demanda fue promovida por una extrabajadora en contra del DIF Celaya y recordó que el organismo intentó revertir la resolución mediante un juicio de amparo, el cual fue negado.
“Le niegan el amparo al DIF y el 18 de enero del 2024 queda firme ya la sentencia de lo que se tiene que pagar”, señaló.
Nieto Martínez indicó que el expediente era atendido por un despacho jurídico externo contratado desde administraciones anteriores y que, presuntamente, no acudió a una diligencia convocada por la autoridad laboral, lo que permitió que avanzara la ejecución del laudo.
“Lo estaba litigando un abogado externo. No es propiamente de esta administración; es de un par de administraciones atrás”, comentó.
El secretario explicó que la diligencia realizada el martes pasado tenía como propósito ejecutar el embargo, aunque finalmente se solicitó al Tribunal abstenerse de llevarlo a cabo mientras se analiza el mecanismo para cumplir con la sentencia.
“Lo que hicimos hoy fue una abstención; solicitamos que se abstuvieran de embargar a efecto de revisar bien el tema”, explicó.
Aunque señaló que no contaba con la cifra exacta, Nieto Martínez indicó que el monto reclamado ronda los 191 mil 500 pesos.
Respecto a quién absorberá el pago, explicó que todavía no existe una definición y que será un tema que deberán revisar el Gobierno Municipal y el Sistema DIF.
“No lo he platicado con el presidente, con la Oficialía Mayor ni con la directora del DIF; tenemos que revisar quién se va a hacer cargo del pago”, comentó.
Tras este caso, el secretario del Ayuntamiento informó que solicitó a la Dirección Jurídica un informe sobre todos los juicios laborales en curso para evitar que otros expedientes lleguen a la etapa de embargo y prever los recursos necesarios para cumplir con las resoluciones.
“Pedí un informe de todos los asuntos pendientes para revisar cada uno y que no terminen en esta instancia; incluso poder prever presupuesto para llevar a cabo los pagos”, concluyó.
AAK