Guanajuato capital.- Integrantes de la agrupación “Resistencia Ciudadana GTO-Silao” acusaron al Gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo de solapar irregularidades de la administración anterior, encabezada por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y favorecer a las concesionarias carreteras VISE-Rubau, en detrimento de la economía familiar de los guanajuatenses.
Incluso señalaron que la mandataria estatal “violenta los derechos a la movilidad de los guanajuatenses que viven en la capital de la entidad” y calificaron la entrega de la caseta de cuota Guanajuato-Silao a una empresa privada como “Concesión huachicol de Guanajuato”.
Esto, en respuesta a las declaraciones que hizo la Gobernadora el 25 de octubre, cuando justificó por qué debían mantenerse las concesiones otorgadas por Diego Sinhue Rodríguez a empresas particulares para la construcción de la carretera Silao-San Miguel de Allende, así como la entrega de la autopista Guanajuato-Silao, un bien público, por un periodo de 30 años para su explotación.
La declaración del 25 de octubre
“No tengo al detalle por qué se tomó esa determinación; al final existían las condiciones jurídicas para llevarla a cabo (…) nos corresponde dar seguimiento puntual para que se cumpla en tiempo y forma (…) nunca hablé con él de este tema. Fue un asunto que recibimos en la entrega recepción (…) lo más importante es entender que, aunque concluyan administraciones, las obligaciones contractuales del Estado continúan. Para nosotros ya no era opción hacer una modificación; había un contrato vigente con responsabilidades para el Estado. Nuestra obligación era revisar que esas condiciones estuvieran legalmente sustentadas, estudio que realizó la Secretaría de Obra Pública. A partir de ahí, nos corresponde vigilar el cumplimiento de las cláusulas, requisitos y plazos establecidos”, expresaron los integrantes de la agrupación al retomar lo dicho por Libia Dennise en una entrevista el 25 de octubre de este año.
Ponen en duda desconocimiento
El posicionamiento de la agrupación, presentado por el activista Carlos Arce, puso en duda que la actual administración estatal desconociera las condiciones en las que se otorgaron las concesiones. Señaló que funcionarios cercanos a la gobernadora Libia Dennise García tenían conocimiento del tema y de los acuerdos establecidos durante el gobierno anterior.
“Si afirma que había condiciones jurídicas, las cuales conoce, para llevar a cabo la entrega de las concesiones, entonces sí tiene conocimiento del porqué su antecesor tomó la decisión. Los tiempos y las formas pactadas ya fueron incumplidos y alterados, luego ya no serán ejecutados en tiempo y forma.
“Si no habló con el exgobernador del tema, seguramente sí lo hizo con el exjefe del gabinete de Diego Sinhue, el señor Juan Carlos Alcántara, que actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Análisis y Seguimiento Estratégico de la propia gobernadora. Luego, no es verdad que no conociera el tema de las concesiones a profundidad, especialmente de la protección que requiere esta temeraria decisión asumida por el exgobernador”, indicó Carlos Arce durante el pronunciamiento público.
Además, resaltó que “las obligaciones contractuales ya han sido alteradas e incumplidas tanto por la concesionaria como por el propio gobierno. Las opciones revocatorias están al alcance en cualquier momento; cuestión que confronta la protección, a cualquier precio, de la sospechosa concesión entregada por el exgobernador. Respecto a la celosa vigilancia del cumplimiento de cláusulas, requisitos y plazos, que tanto pregonan, resulta obvio que estos ya han sido incumplidos y excedidos hasta llegar al abuso”.
Carlos Arce apuntó que la entrega de las obras en la autopista Guanajuato-Silao se ha pospuesto por tercera vez, sin sustento en dictámenes técnicos o de fiscalización.
Para la Gobernadora somos una fuente de ingresos, que ya no porque pasamos a ser fuente de ingresos de una empresa particular”, expresó Carlos Arce Macías.
Clasificación de información evidencia opacidad
De acuerdo con información compartida por los activistas, 11 de los 30 anexos del contrato de concesión no son de acceso público directo. Además, resaltaron que en el Anexo 13 se indica que el programa de construcción y rehabilitación fue reservado mediante la resolución RCT_3259_2024, bajo el argumento de proteger el modelo financiero y los costos de la empresa.
Ante esta falta de transparencia, que consideran que impide la fiscalización ciudadana, y al tratarse de un bien público y de interés social, exigen: “Publicación inmediata de las fechas comprometiendo el cumplimiento de las obras, apertura de los expedientes técnicos y las prórrogas autorizadas y difusión de una versión pública de los programas de ejecución”.
Finalmente, reiteraron su petición de que se elimine la caseta de cobro de la carretera Guanajuato-Silao. Recordaron que la inversión realizada en esa vialidad ya quedó pagada durante los 37 años que lleva construida.
Por ello, criticaron que Diego Sinhue Rodríguez la haya entregado a una empresa privada por un periodo de 30 años, con posibilidad de renovarse por otros 30 años más, lo que, señalaron, “benefició a VISE-Rubau a 60 años con miles de millones de pesos”.
AM